“Hacer radios Cooperativas” ha relevado emisoras que surgieron en diferentes y muy diversos contextos y coyunturas políticas. Prácticamente, un poco menos de la mitad de los casos fueron puestos al aire entre 1987 y 2006 en vigencia del decreto 22285 de la última dictadura millitar. Las demás emisoras nacieron al calor del reconocimiento de la comunicación como derecho humano y a la posibilidad de acceso de la sociedad a los medios audiovisuales: Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (2009).

Ante la pregunta si las emisoras poseen reconocimiento legal, 14 (58,3%) respondieron afirmativamente y 10 (41,7%) se encuentran en proceso de regularizar su situación.

En relación al tipo de reconocimiento, cinco (5) emisoras cuentan con la Resolución 753/2006 – COMFER, tres (3) han obtenido su licencia por concurso, una (1) por adjudicación directa vía artículo 49 de la LSCA y seis (6) radios indicaron haber sido legalizadas y/o censadas por el organismo competente a través de otros trámites administrativos.

El dato: todos los proyectos político comunicacionales de estos medios reconocen ser anteriores a la obtención del reconocimiento legal.

En este ámbito también es relevante poner en valor la evaluación que realizan las cooperativas acerca de la situación de las emisoras en relación a las obligaciones que contrae la organización al ser licenciataria. Allí se evidencia que “Hay complicaciones con la cuestión burocrática” y que “no estamos cumpliendo con todas las reglas de la licencia”. Se mencionan obligaciones que surgen de la situación de legalidad como la publicidad electoral, la emisión obligatoria de las cadenas nacionales, el tributo del impuesto a los servicios de comunicación audiovisual (gravámenes) o las gestoras de derechos (AADI-CAPIF, SADAIC, entre otras). Sin embargo, también hay casos que ponen en relevancia “el respaldo de saber que ante cualquier situación tenés la posibilidad de hacer un reclamo y hacer valer tus derechos” frente a interferencias de terceros, entre otros conflictos.

Debe advertirse que el proceso de reconocimiento del subsector cooperativo de la comunicación audiovisual, en particular, y el comunitario, en general, estuvo (y está) condicionado a la apertura de concursos por el órgano regulador (AFSCA hasta diciembre de 2015 y ENACOM a partir de 2016). Esta situación se vio dificultada, desde hace décadas, principalmente en las 11 zonas de conflicto que coincide con los conglomerados urbanos y ciudades más importantes del país. En todos los casos relevados se reconoce que la posibilidad de legalización de los servicios radiofónicos fue posible gracias a la pelea sectorial de las emisoras comunitarias por el derecho a la comunicación popular y su reconocimiento. También se advierte sobre las dificultades en relación a requisitos económicos y administrativos que se le impone al sector y a las dilaciones en la respuesta por parte del Estado.

En relación a lo anterior se destaca que en los casos en que no han logrado el acceso a la licencia 10 organizaciones han indicado que solicitaron formalmente la apertura de concursos para su legalización.